Para cumplir con la ley y evitar la intervención de la Generalidad de Cataluña, la administración local se ve obligada a tomar medidas para recuperar la estabilidad económica.
El Ayuntamiento de Llívia hizo público, el pasado viernes, 4 de agosto, a lo largo de la celebración de una reunión vecinal, que se ve abocado a activar un plan de saneamiento económico. Esta es una medida a aplicar cuando los ayuntamientos incumplen los indicadores de solvencia. Este plan debe ser a tres años, como máximo. Este proceso no alterará la contratación de una auditoría de cuentas municipales, contrato que ya ha salido a licitación.
El estado económico de la casa de la villa era uno de los puntos del orden del día de la reunión vecinal, convocada por el ayuntamiento en la sala de teatro del polideportivo. El local quedó pequeño para dar la asistencia de más de 170 vecinos y vecinas. Los otros puntos de la convocatoria eran los baños de Sant Guillem, la Fundación CEDC y el radar. La reunión fue presidida por el alcalde de Llívia, Albert Cruïlles, y la mayoría de los concejales del equipo de gobierno. Entre el público también asistieron los concejales en la oposición.
Ahorro neto negativo; incumplimiento de solvencia
Los datos económicos expuestos por el equipo de gobierno a lo largo de la reunión vecinal reflejaban la situación financiera municipal a cierre del ejercicio 2022. Así, por ejemplo, el año pasado se cerraba la anualidad con un ahorro neto negativo de 182.987,11 euros. Sin embargo, explicó Cruïlles, había otras facturas del año anterior que habían quedado como pendientes de ser imputadas en el presupuesto del 2022. Entre las facturas pendientes de pagar y las facturas pendientes de imputar, el montante económico negativo real es de 438.142,59 euros. Esta situación de ahorro neto negativo obliga a impulsar un plan de saneamiento financiero municipal. Además, el remanente de tesorería de la administración lliviense -este indicador debe tener carácter positivo, que implica que la entidad tiene la capacidad de atender a su vencimiento las obligaciones pendientes de pago- es negativo, de 58.813,02 euros .
Ante este panorama, Cruïlles expuso que el Ayuntamiento de Llívia se vería probablemente con la necesidad de incrementar los impuestos y las tasas municipales, aunque se comprometió a que la medida fuera la menos penalizadora posible. De entrada, Cruïlles especificó que ya se ha adoptado una política económica restrictiva en distintos ámbitos del ayuntamiento y que, por ejemplo, los baños de Sant Guillem se cerrarán al público, porque son deficitarios (altos costes, pocos ingresos) , al menos temporalmente.
En el capítulo económico, del estudio presentado este viernes, destaca la cifra de 1.8 millones de euros de deuda viva (préstamos contratados), a 31 de diciembre de 2022. La administración local tampoco cumple con el período medio de pago a los proveedores que debería ser no superior a 30 días ya cierre del 1r trimestre de 2023 era de 54 días.
Cruïlles recordó que "desgraciadamente, según previsión hecha, nos veremos obligados a utilizar dos pólizas para pagar nóminas y proveedores".
Baños de Sant Guillem, cierre el 12 de septiembre
El alcalde de Llívia presentó un breve informe de los baños de Sant Guillem, para explicar que el coste de inversión de la instalación ha sido de 836.000 euros. Y que los gastos de estos primeros seis meses, entre personal contratado y la electricidad empleada superan los 161.000 euros. En este período se han ingresado 14.805 euros. Cruïlles indicó que el ayuntamiento ha decidido cerrar los baños el próximo 12 de septiembre, de forma temporal, mientras se busca una solución para la viabilidad económica del equipamiento.
Radar, negociaciones
Cruïlles detalló el dinero recaudado por las multas del radar y el resultado final del dinero que ha ido a las arcas municipales, pero recordó que hay “10.000 multas no tramitadas por parte del servicio del Consorcio de Recaudación Ripollès-Cerdanya, quien tenía concedido el servicio de recaudación de las sanciones, ya que no existía la autorización del Servicio Catalán de Tráfico”. En cualquier caso, “como se ha rescindido el servicio, la empresa del radar reclama 2,5 millones de euros por el incumplimiento de contrato”, explicó Cruïlles que añadió que “se está negociando” para llegar a un acuerdo.
Fundación CEDC, continuidad o disolución
Por último, se hizo pública la situación actual de la Fundación Privada Centro de Emprendimiento y Desarrollo Colaborativo, creada en 2019 y registrada en 2020, una entidad que tiene, entre sus objetivos, impulsar el desarrollo empresarial de Llívia. Cruïlles quiso destacar que el coste económico que ha supuesto la Fundació para el Ayuntamiento es de 139.700 euros, con resultado nulo. En la actualidad se están buscando y poniendo al día los patrones y cargos actuales de la Fundación para resolver la deuda existente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. El Ayuntamiento de Llívia valorará, a partir de ahí, la idoneidad de su continuidad o disolución.
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